El 5 de enero de 2016 empezó una nueva etapa política en Venezuela como consecuencia de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 que modificaron el equilibrio de poder entre oficialismo y oposición. Ese día se constituyó una Asamblea Nacional en la que la oposición tendrá una mayoría calificada de dos tercios. Ello le permite legislar y, según se ha propuesto, empezar a desmantelar parte de las estructuras de poder que durante más de tres lustros han estado en manos del chavismo antes y después del fallecimiento de Hugo Chávez.
Tras la ajustada victoria presidencial de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles en abril de 2013 y unas elecciones locales en diciembre del mismo año en que el oficialismo consiguió retener una gran parte de su poder municipal, el claro triunfo electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a las fuerzas del bloque opositor en las parlamentarias, supone una nueva constelación de poder. A partir de ahora, el escenario político venezolano se divide entre un Ejecutivo chavista y un Legislativo con la mayoría de la oposición.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria no chavista de 112 diputados frente a 55 del oficialismo tendrá que convivir con el amplio poder ejecutivo que caracteriza un sistema presidencialista. Pero además se enfrentará a todo el aparato institucional hoy al servicio de la revolución socialista y que incluye, desde el poder judicial al denominado “poder popular” de las Comunas y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) integrado exclusivamente por oficialistas que ahora cuestionan la legitimidad de doce diputados opositores y reclaman nuevas elecciones en algunos estados.
Es clave el papel de las Fuerzas Armadas, que son el principal sostén del régimen, pero también un actor político independiente que podría actuar como árbitro. La nueva etapa política no necesariamente trae más estabilidad al país, afligido por una severa crisis económica y de seguridad ciudadana. El actual reparto de poder entre las dos principales fuerzas políticas del país les obliga, no sólo a coexistir, sino a reconocerse mutuamente si se quiere evitar un indeseable escenario de ingobernabilidad. CONTINUAR LEYENDO
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