En este artículo, Anna Gumbau presenta de forma clara las distintas medidas adoptadas por Polonia y Hungría, dirigidas a desmantelar sus estados de derecho. Ante ello, ¿cuál es la respuesta de la Unión Europea?
Entre 2004 y 2013, nada menos que 13
países ingresaron en la Unión Europea (UE), la mayoría de ellos
procedentes de Europa Central y del Este, alentados por las promesas de
progreso económico, libertad de movimiento y, no menos importante,
estabilidad democrática. Para poder entrar al ‘club’, cualquier país
candidato debe cumplir los llamados “criterios de Copenhague”,
y demostrar a sus socios europeos que se adhiere a los principios del
Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales que promueve la
UE; un proceso que puede durar más de una década.
Sin embargo, ¿qué hay de estos estándares una vez que estos países candidatos logran, al fin, acceder a la UE? Ése es el llamado “dilema de Copenhague”: a los países candidatos se les exige el cumplimiento indispensable de unos requisitos y estándares democráticos pero, una vez están dentro, no hay ningún mecanismo que supervise que estos criterios sigan cumpliéndose, ni castigue en el caso de que no lo hagan.
Polonia y Hungría son
dos países miembros de la UE que, en los últimos años, han evidenciado
que se trata de algo más que un dilema en términos teóricos. Antaño lideraron los procesos de transición democrática en Europa Central
y la carrera hacia la Unión Europea. Incluso Polonia era vista por
muchos como el “alumno modelo” en la rápida expansión que vio la UE en
esa década. Ahora, Polonia tiene dos meses para contrarrestar reformas si no quiere que la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción inédito en los 60 años de historia del bloque comunitario, mientras que Hungría está jugando con fuego con numerosas leyes que han deteriorado gravemente las libertades civiles en el país. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? CONTINUAR LEYENDO
